Una jueza federal dictaminó que los recientes despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. probablemente fueron ilegales y ordenó a la administración Trump detener los planes de recortar y reorganizar la fuerza laboral de salud del país.


La jueza de distrito Melissa DuBose concedió la orden judicial preliminar solicitada por una coalición de fiscales generales de 19 estados y el distrito de Columbia en una demanda presentada a principios de mayo.

DuBose señaló que los estados demostraron un “daño irreparable” por los recortes y que probablemente prevalecerán en sus argumentos de que “la acción del HHS fue arbitraria y caprichosa, además de contraria a la ley”.

“El poder ejecutivo no tiene autoridad para ordenar, organizar o implementar cambios generales en la estructura y función de las agencias creadas por el Congreso”, escribió DuBose en un informe jurídico de 58 páginas emitida este martes en el Tribunal de Distrito de Providence, Rhode Island.

Su orden bloquea a la administración Trump de finalizar los despidos anunciados en marzo o de emitir más despidos. Se ordena al HHS presentar un informe de situación antes del 11 de julio.

El fallo aplica a empleados despedidos en cuatro divisiones del HHS: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); el Centro de Productos de Tabaco de la FDA; la Oficina de Head Start de la Administración para Niños y Familias, así como a los empleados de las oficinas regionales que trabajan en asuntos relacionados con Head Start –programas gratuitos financiados por el Gobierno federal diseñados para promover la preparación escolar para bebés y niños pequeños– y la Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., eliminó a más de 10.000 empleados a finales de marzo y consolidó 28 agencias en 15. Desde entonces, agencias como los CDC han revertido repetidamente despidos que afectaban a cientos de empleados, incluso en áreas que monitorean el VIH, la hepatitis y otras enfermedades.

Los fiscales generales argumentaron que la reestructuración masiva fue arbitraria y fuera del alcance de la autoridad de la agencia. La demanda también sostiene que la acción diezmó programas esenciales y trasladó costos onerosos a los estados.

“El efecto previsto… fue la eliminación total de muchos programas del HHS que son críticos para la salud y seguridad pública”, argumenta la demanda.

Los recortes forman parte de la directiva federal “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo” para optimizar agencias costosas y reducir redundancias. Kennedy dijo a senadores en una audiencia el 14 de mayo que hay “mucho caos y desorganización” en el HHS.

Sin embargo, la reestructuración eliminó equipos clave que regulan la seguridad alimentaria y los medicamentos, así como programas de apoyo para el tabaco, la prevención del VIH y la salud maternoinfantil. Kennedy ha dicho desde entonces que, debido a errores, el 20 % de los despedidos podría ser reincorporado.

Los estados que se sumaron a la demanda tienen gobernadores demócratas, y muchos de estos mismos estados –más algunos otros– también demandaron a la administración Trump por recortes de US$ 11.000 millones en fondos de salud pública. En ese caso, se concedió una orden judicial preliminar a mediados de mayo.