Corte Suprema revisa ley que prohíbe armas a consumidores de drogas
Una prueba más de la Segunda Enmienda
Washington D.C – La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para examinar este lunes una apelación presentada por el gobierno del presidente Donald Trump para defender una ley que prohíbe a los consumidores de drogas ilegales poseer armas, en un caso que plantea interrogantes sobre los alcances de la Segunda Enmienda.
El caso involucra a Ali Hemani, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y pakistaní, residente en Texas, acusado de posesión ilegal de armas tras una redada del FBI en 2023 en su hogar en el condado de Denton, donde se encontraron una pistola Glock de nueve milímetros, marihuana y cocaína. Hemani sostuvo que consumía marihuana aproximadamente cada dos días y pidió que se desestimara el cargo alegando violaciones a sus derechos constitucionales.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito había desestimado el cargo, señalando que no existe un precedente histórico que justifique desarmar a un ciudadano sobrio que no esté bajo influencia en el momento del registro. El gobierno de Trump apeló ante la Corte Suprema, buscando establecer que los “consumidores habituales” de drogas puedan ser sujetos a restricciones similares a las aplicadas históricamente a “alcohólicos habituales”.
El caso plantea además la constitucionalidad de la definición de “consumidor ilegal” bajo la Ley de Control de Armas de 1968, considerada por los abogados de Hemani como vaga e imprecisa. La marihuana, clasificada como sustancia de la Lista I junto con heroína y éxtasis, ha sido objeto de recientes iniciativas de la administración Trump para su reclasificación.
En un contexto de creciente debate sobre la violencia con armas y tiroteos masivos en Estados Unidos, la Corte, con mayoría conservadora de seis a tres, ha adoptado históricamente interpretaciones amplias de la Segunda Enmienda, incluidas decisiones clave en 2008, 2010 y 2022. El tribunal escuchará cómo equilibrar los derechos de posesión de armas con las restricciones aplicables a consumidores de drogas, en un caso que podría redefinir los límites de la legislación federal sobre armas y consumo de sustancias controladas.

