El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva directriz que podría complicar la entrada o permanencia de extranjeros en Estados Unidos si padecen ciertas condiciones médicas o carecen de recursos económicos suficientes. La medida, comunicada por el Departamento de Estado a embajadas y consulados, instruye a los funcionarios a examinar con mayor rigor a los solicitantes de visa para garantizar que no dependan de beneficios gubernamentales una vez dentro del país.

La disposición amplía el alcance del concepto de “carga pública”, que permite negar el ingreso o la residencia a quienes podrían representar un costo para el Estado. Aunque esta norma ya existía, la administración Trump ha vuelto a reforzarla, incluyendo nuevas condiciones de salud y criterios económicos más estrictos.

Entre los padecimientos que podrían descalificar a un solicitante se encuentran la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. También se considerarán factores como la edad, la educación, el nivel de inglés, la situación familiar y cualquier uso previo de asistencia pública.

Además, los solicitantes deberán presentar evidencia detallada de su solvencia económica, incluyendo cuentas bancarias, activos, fondos de retiro y documentos financieros que prueben su capacidad para mantenerse sin apoyo estatal.

Expertos en inmigración advierten que la medida podría reducir significativamente el número de visas otorgadas, afectando sobre todo a personas mayores y a familias de bajos ingresos. Aunque las reglas se aplican principalmente a quienes buscan ingresar desde el extranjero o renovar su estatus, también podrían impactar a familiares de residentes legales que planean reunirse en el país.

Esta política se enmarca en una ofensiva migratoria más amplia impulsada por la administración Trump, centrada en limitar la inmigración legal bajo el argumento de proteger al contribuyente estadounidense. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes consideran que la nueva directriz genera temor, desinformación y barreras innecesarias para quienes buscan acceder de forma legítima a la residencia o a una visa temporal.