El cierre del gobierno federal en Estados Unidos cumplió este viernes 31 días, avanzando hacia convertirse en el más largo de la historia. La paralización amenaza con dejar sin ayuda alimentaria a más de 40 millones de personas que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

En Nebraska, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) anunció la suspensión de los beneficios desde el 29 de octubre, afectando a más de 150 mil residentes que no recibirán apoyo hasta que se reanude el financiamiento federal. En su sitio web, la agencia publicó un mensaje que atribuía la falta de fondos a los demócratas del Senado, señalando que el cierre era “totalmente prevenible”.

El mensaje generó controversia cuando se descubrió que había sido editado para incluir la firma del gobernador Jim Pillen. La publicación fue considerada por algunos como un uso indebido de un sitio oficial con fines políticos.

El jueves, Kay Siebler, residente del condado de Lancaster, presentó una demanda contra Steve Corsi, director ejecutivo del DHHS estatal, argumentando que la agencia difundió información falsa y partidista. Su abogado, Vince Powers, destacó la acción legal como un esfuerzo para defender la neutralidad institucional del estado.

Siebler declaró sentirse frustrada por el impacto que la suspensión del SNAP tiene en las familias necesitadas y denunció la “hipocresía” de los funcionarios que, según ella, promueven mensajes políticos mientras millones pasan hambre. Exigió que el mensaje sea eliminado del portal y que se restablezca la ayuda alimentaria lo antes posible.

El DHHS se negó a comentar sobre la demanda, mientras que la oficina del gobernador no respondió a las solicitudes de información.

Mensajes similares han aparecido en sitios web gubernamentales de otros estados, lo que ha llevado a grupos de defensa del consumidor a presentar quejas por posibles violaciones a la Ley Hatch, que prohíbe el uso de recursos públicos para propaganda política.

Mientras tanto, el Senado suspendió sus sesiones hasta el fin de semana y la Cámara de Representantes no ha votado desde el 19 de septiembre, prolongando la incertidumbre para millones de familias afectadas.