DES MOINES, IA — El Distrito Escolar Público de Des Moines enfrenta una crisis institucional tras la detención del superintendente Dr. Ian Roberts por parte de autoridades migratorias federales. El sábado, la junta escolar votó de manera unánime para colocar a Roberts en licencia administrativa con goce de sueldo, mientras se esclarece su situación legal.

La detención ocurrió el viernes, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Roberts por presunta permanencia ilegal en el país y por posesión de un arma de fuego cargada. Según el comunicado oficial de ICE, Roberts es considerado un inmigrante ilegal con antecedentes penales relacionados con armas, y la ley federal prohíbe que personas en situación migratoria irregular porten armas.

El historial migratorio de Roberts indica que ingresó a Estados Unidos en 1999 con una visa de estudiante. En mayo de 2024, un juez de inmigración emitió una orden final de deportación en su contra. Además, se reportan cargos previos por posesión de armas que datan del 5 de febrero de 2020. Actualmente, Roberts permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Woodbury, ubicada en el noroeste de Iowa.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad educativa de Des Moines, donde Roberts se desempeñaba como líder desde hace varios años. Su gestión había sido reconocida por impulsar reformas académicas y fortalecer programas de inclusión. Sin embargo, la revelación de su estatus migratorio y los cargos relacionados con armas han puesto en duda la veracidad de los documentos que respaldaban su permanencia en el cargo.

Ante la vacante, el distrito ha designado a Matt Smith, exsuperintendente asociado, como superintendente interino hasta nuevo aviso. Smith asumirá las responsabilidades administrativas y académicas mientras se desarrolla la investigación y se determina el futuro de Roberts dentro del sistema escolar.

La junta escolar ha iniciado una revisión interna de los archivos y procedimientos de contratación para esclarecer cómo se validó la ciudadanía de Roberts en el momento de su nombramiento. El caso ha despertado preocupación entre padres de familia, docentes y líderes comunitarios, quienes exigen transparencia y garantías sobre la legalidad de los procesos administrativos en el distrito.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades federales y locales emitan nuevas declaraciones en los próximos días.