OMAHA, Neb. — Una mujer de Omaha volvió a reunirse con su familia este jueves después de pasar varios meses bajo custodia de las autoridades migratorias. Un juez federal determinó que Sabina Carmona-Lorenzo había sido detenida de manera ilegal y ordenó su liberación bajo fianza, tras un prolongado proceso judicial que puso en entredicho las prácticas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Carmona-Lorenzo, quien ha vivido en Estados Unidos por más de 20 años, fue arrestada en junio durante una redada en su lugar de trabajo en Omaha. La inmigrante, junto con su esposo, es madre de cinco hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Tres de ellos son menores de edad, uno estudia en la universidad y otro presta servicio en el ejército.

En julio, un juez de inmigración había concedido la libertad bajo fianza de Carmona-Lorenzo. Sin embargo, ICE interpuso de manera automática una suspensión que bloqueó unilateralmente su salida. Ante esa situación, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nebraska presentó una demanda federal de derechos civiles, argumentando que el uso de esa suspensión automática violaba la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda y excedía la autoridad legal de la agencia migratoria.

Durante la audiencia de este jueves, el juez federal falló desde el estrado a favor de los argumentos de la ACLU de Nebraska, lo que permitió finalmente la liberación de Carmona-Lorenzo bajo fianza. Se trata del tercer cliente de esa organización que abandona la custodia de ICE en los últimos dos meses.

Grant Friedman, abogado de planta de la ACLU de Nebraska, celebró la resolución judicial. “Lo más importante es que estamos emocionados de ver a otra familia reunida. Esta decisión ayudará a garantizar un nivel básico de debido proceso mientras nuestra clienta enfrenta su proceso migratorio dentro de su comunidad y con el apoyo de sus seres queridos”, señaló.

El abogado agregó que el fallo refleja un patrón preocupante en las prácticas de ICE. “Es otra prueba de que el gobierno está cruzando una línea al impedir que las personas paguen una fianza ya fijada por jueces de inmigración. Es claramente ilegal y debe terminar”, puntualizó.

La demanda de Carmona-Lorenzo también vincula el uso de las suspensiones automáticas a una nueva guía interna de ICE, que sostiene que casi todos los inmigrantes detenidos en procesos de deportación no son elegibles para fianza. Esa política ha sido cuestionada en una demanda colectiva de alcance nacional presentada por la oficina nacional de la ACLU y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.