Un panel de tres jueces del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones falló este martes, de manera unánime, que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 600,000 venezolanos fue ilegal. La decisión confirma que un juez federal tiene autoridad para emitir un fallo definitivo sobre el caso, conocido como NTPSA v. Noem.

El TPS, creado como medida humanitaria por el Congreso, protege a ciudadanos de países con crisis extremas, permitiéndoles vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. El fallo surge tras la decisión de la administración Trump de terminar este estatus, lo que generó preocupación entre los beneficiarios, quienes enfrentan el riesgo de detención, deportación, separación familiar y pérdida de empleo.

Aunque el dictamen no brinda una protección inmediata, permite que el tribunal de distrito continúe con el proceso y emita una resolución final, después de que el caso permaneciera detenido a la espera de orientación legal. Sin embargo, la Corte Suprema mantiene vigente una orden previa que suspendió las medidas de alivio temporal.

La disputa legal se centra en la autoridad de la Secretaría de Seguridad Nacional, liderada entonces por Kristi Noem, para modificar o revocar el estatus sin cumplir con los procedimientos establecidos por el Congreso. Organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la ACLU del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de UCLA y Haitian Bridge Alliance representan a los demandantes en este caso.

Líderes comunitarios y organizaciones defensoras insisten en que esta decisión envía un mensaje claro: las políticas migratorias deben respetar la ley y el debido proceso, mientras se buscan soluciones definitivas para quienes consideran al TPS un salvavidas en medio de la inestabilidad en sus países de origen.