Florida podría tener que asumir los US$ 218 millones que el estado gastó para convertir al remoto aeropuerto de entrenamiento en los Everglades en un centro de detención de inmigrantes apodado Alligator Alcatraz.

El centro podría quedar completamente vacío pronto, ya que una jueza confirmó su decisión de ordenar que las operaciones allí se reduzcan indefinidamente.

Cerrar la instalación por el momento le costaría al estado entre US$ 15 y 20 millones de inmediato, y costaría otros US$ 15 a 20 millones reinstalar las estructuras si a Florida se le permite reabrirla, según documentos judiciales presentados por el estado.

La División de Manejo de Emergencias de Florida perderá la mayor parte de los US$ 218 millones que ha invertido en adecuar el aeropuerto para en un centro de detención, dijo un funcionario estatal en documentos judiciales.

Construida en solo unos días, la instalación consta de jaulas de malla metálica que rodean grandes carpas blancas llenas de hileras de literas.

Un análisis de Associated Press de los datos de gastos estatales disponibles públicamente mostró que Florida ha firmado al menos US$ 405 millones en contratos con proveedores para construir y operar la instalación, que las autoridades inicialmente estimaron que costaría US$ 450 millones al año para operar. Una revisión previa de AP encontró que hasta finales de julio, el estado ya había asignado al menos US$ 245 millones para operar el sitio, que abrió el 1 de julio.

El presidente Donald Trump recorrió la instalación el mes pasado y sugirió que podría ser un modelo para futuros centros de detención en todo el país, mientras su Gobierno se apresura a ampliar la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

El centro ha estado plagado de informes sobre condiciones insalubres y detenidos incomunicados del sistema legal.

Alligator Alcatraz enfrenta varios cuestionamientos legales

También enfrenta varios desafíos legales, incluido uno sobre el que la jueza federal Kathleen Williams falló el miércoles por la noche.

Ella negó las solicitudes de pausar su orden de reducir operaciones, después de coincidir la semana pasada con grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee en que los acusados estatales y federales no cumplieron con la ley federal que exige una revisión ambiental para el centro de detención ubicado en medio de humedales sensibles.

La jueza de Miami dijo que el número de detenidos ya estaba disminuyendo y que los “objetivos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal no se verán frustrados por una pausa en las operaciones”. Esto, a pesar de que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional dijeron que la orden de la jueza causaría una interrupción.

Al ser consultado, el Departamento de Seguridad Nacional no dijo cuántos detenidos quedaban ni cuántos habían sido trasladados desde la orden de restricción temporal de la jueza la semana pasada.

“El DHS está cumpliendo con esta orden y (por eso) está trasladando a los detenidos a otras instalaciones”, dijo el departamento el jueves en una declaración enviada por correo electrónico.

La activista ambiental Jessica Namath, quien ha mantenido una vigilancia casi constante afuera de las puertas de la instalación, dijo el jueves que otros observadores habían visto cómo retiraban estructuras metálicas para carpas, pero no señales de remoción de remolques de FEMA o baños portátiles.

“Definitivamente parece que han estado reduciendo operaciones”, dijo Namath.

Según datos de contratos disponibles públicamente, Associated Press estimó que el estado asignó US$ 50 millones para los baños. Los detenidos y defensores han descrito inodoros que no descargan y pisos inundados con desechos fecales, aunque las autoridades disputan tales descripciones.

La instalación ya está siendo vaciada

La instalación está siendo vaciada de detenidos desde la semana pasada, según un intercambio de correos electrónicos compartido con Associated Press el miércoles. El director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, dijo el 22 de agosto que “probablemente estaremos en 0 personas en unos días”, en un mensaje a un rabino sobre servicios de capellanía.

La financiación es central en los argumentos del gobierno federal de por qué la orden de Williams debe ser revocada por un tribunal de apelaciones. Los abogados de Seguridad Nacional dijeron en una presentación judicial esta semana que la ley ambiental federal no se aplica a un estado como Florida, y que el gobierno federal no es responsable del centro de detención ya que no ha gastado ni un centavo para construir u operar la instalación, aunque Florida está buscando algunos fondos federales para financiar una parte del centro de detención.

“No se han tomado decisiones finales sobre la financiación federal”, dijeron los abogados.

Casi dos docenas de estados liderados por republicanos también instaron al tribunal de apelaciones a revocar la orden. Los 22 estados argumentaron en otra presentación judicial que la jueza excedió su autoridad y que las leyes ambientales federales solo se aplican a las agencias federales, no al estado de Florida.

La administración del gobernador republicano Ron DeSantis se está preparando para abrir un segundo centro de detención de inmigrantes apodado “Deportation Depot” en una prisión estatal en el norte de Florida.

Grupos de defensa de los derechos civiles presentaron una segunda demanda el mes pasado contra los gobiernos estatal y federal por las prácticas en la instalación de los Everglades, alegando que a los detenidos se les negó el acceso al sistema legal.

Una tercera demanda de grupos de derechos civiles el pasado viernes describió “graves problemas” en la instalación que eran “previamente desconocidos en el sistema de inmigración.”