Un juez federal en San Francisco dictaminó que la administración de Donald Trump no puede negar o condicionar fondos federales a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y más de treinta ciudades y condados adicionales por mantener políticas locales que limitan la cooperación con autoridades federales de migración. La decisión amplía un mandato preliminar que ya protegía a varias jurisdicciones, incluidas San Francisco, Portland y Seattle, frente a los intentos del gobierno de penalizar a las llamadas “ciudades santuario”.

Estas ciudades se caracterizan por establecer restricciones en la colaboración con el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), con el objetivo de evitar que sus cuerpos policiales participen activamente en redadas o entreguen a migrantes sin documentos a agentes federales. Aunque no existe una definición legal única, el concepto se asocia a políticas locales que priorizan la confianza de las comunidades inmigrantes en las autoridades locales frente a la cooperación directa con las agencias federales de control migratorio.

La medida judicial responde a las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca que instruían a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a retener dinero federal de las jurisdicciones que mantuvieran tales políticas. Además, se había instado a todas las agencias federales a garantizar que sus aportaciones económicas no fomentaran acciones que protegieran de la deportación a extranjeros indocumentados.

Los gobiernos locales demandantes señalaron que miles de millones de dólares destinados a programas comunitarios, seguridad pública y servicios esenciales estaban en riesgo. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional difundió una lista de más de quinientas autoridades catalogadas como “santuario” y advirtió que recibirían notificaciones formales por estar, según la administración, en incumplimiento de la ley. Sin embargo, la lista fue retirada posteriormente del sitio web oficial, después de que se detectaran casos de localidades que en realidad respaldaban políticas migratorias federales.

El Departamento de Justicia también emprendió acciones legales contra ciudades como Nueva York y Los Ángeles, buscando invalidar sus medidas de protección a migrantes. Estas demandas forman parte de una estrategia más amplia de presión contra las jurisdicciones que limitan su colaboración con ICE, en línea con la promesa de campaña de Trump de intensificar las deportaciones de personas en situación irregular.

La sentencia del juez Orrick representa un freno temporal a la estrategia de condicionar el acceso a recursos federales como medio para forzar cambios en las políticas migratorias locales. Mientras el litigio continúa, las ciudades santuario mantienen su posición, defendiendo la autonomía para decidir el alcance de su cooperación con las autoridades federales, en un contexto de creciente polarización sobre la política migratoria en Estados Unidos.