Los Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos (USCIS) han introducido una nueva directriz que establece la revisión de posturas consideradas “antiestadounidenses” como parte del proceso de adjudicación de beneficios migratorios, incluyendo la obtención de la tarjeta de residencia. La medida busca que los agentes tomen en cuenta si un solicitante ha apoyado, promovido o defendido ideologías antiestadounidenses, terroristas o antisemitas, generando un amplio debate sobre sus posibles implicaciones.

La política no define de manera precisa qué comportamientos o expresiones encajan en la categoría de “antiestadounidense”, lo que, según expertos, deja un margen significativo de interpretación a criterio de cada agente. Esta falta de claridad ha despertado inquietudes entre sectores críticos, quienes advierten que el carácter subjetivo de la evaluación podría abrir la puerta a prejuicios y sesgos personales que influyan en las decisiones migratorias.

El cambio se enmarca en una serie de ajustes implementados desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Entre estas modificaciones se incluyen la revisión de publicaciones en redes sociales y el escrutinio del “buen carácter moral” de los solicitantes a la naturalización, no solo para verificar la ausencia de conductas indebidas, sino también para identificar contribuciones y atributos considerados positivos. Esto implica que los aspirantes deberán aportar más pruebas para demostrar que cumplen con los estándares exigidos por la autoridad migratoria.

Especialistas en derecho migratorio destacan que la actualización refuerza la línea de endurecimiento de los procesos, enfatizando criterios ideológicos y de comportamiento. Sin embargo, la falta de parámetros objetivos para determinar qué constituye una actitud contraria a los valores estadounidenses genera cuestionamientos legales y constitucionales. Algunos juristas sostienen que la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, no se aplica a personas fuera del país o que no sean ciudadanas, mientras que otros argumentan que los derechos constitucionales deben resguardarse para toda persona presente en territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que esta política podría tener un impacto disuasorio en quienes buscan regularizar su situación, ya que la interpretación de las normas podría variar ampliamente de un funcionario a otro. Recomiendan a sus clientes ajustar expectativas y prepararse para cumplir requisitos más estrictos, reconociendo que el sistema actual aplica estándares diferentes para ciudadanos y para quienes intentan ingresar o permanecer legalmente en el país.

En opinión de analistas, la medida refleja la intención de las autoridades federales de acotar aún más el margen para la aprobación de beneficios migratorios, consolidando una tendencia restrictiva que, aunque legalmente sustentada, podría intensificar las tensiones en torno a la política migratoria de Estados Unidos.

Con información de AP.