La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nebraska presentó una demanda con el fin de lograr la liberación de Sabina Carmona-Lorenzo, arrestada durante el operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las instalaciones de Glenn Valley Foods. La organización busca que un juez federal ordene su excarcelación bajo fianza, tras asegurar que un juez de inmigración ya había aprobado su liberación hace un mes.

El recurso legal sostiene que Carmona-Lorenzo continúa detenida debido a una “suspensión automática” emitida por ICE, lo que impediría la aplicación efectiva de la decisión judicial previa. La demanda plantea que la retención carece de motivos individualizados y vulnera los derechos al debido proceso, al no permitir que la afectada impugne la medida de forma justa y oportuna.

El caso se enmarca en un contexto reciente de controversia por detenciones prolongadas tras el operativo de Glenn Valley Foods. La semana anterior, un juez ordenó la liberación de dos mujeres arrestadas en la misma intervención, al considerar que su reclusión violaba derechos constitucionales. A pesar de que ambas pagaron la fianza establecida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bloqueó su salida de los centros de detención.

En la argumentación presentada por la ACLU, se subraya que Carmona-Lorenzo ha cumplido con todos los requisitos impuestos por el juez de inmigración para su liberación, incluyendo el pago de la fianza y las condiciones impuestas. Sin embargo, la supuesta intervención de ICE mediante un mecanismo automático de suspensión estaría retrasando su salida sin fundamento específico, lo que, según la demanda, contraviene principios básicos de justicia y legalidad.

El litigio se suma a un creciente escrutinio sobre las prácticas de detención de inmigrantes en Nebraska y busca sentar un precedente que refuerce el respeto a las resoluciones judiciales y a los derechos de las personas en procesos migratorios.