El Gobierno de Trump está listo para destruir anticonceptivos adquiridos por EE.UU. por un valor de US$ 9,7 millones en lugar de entregarlos a mujeres en el extranjero. Esto sucede tras el desmantelamiento de los programas de asistencia exterior llevados a cabo por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

La “decisión preliminar” de destruir los anticonceptivos adquiridos por USAID fue confirmada por un portavoz del Departamento de Estado, quien dijo que el costo de incinerarlos sería de US$ 167.000.

Los anticonceptivos han estado almacenados en Geel, Bélgica. El Ministerio de Asuntos Exteriores belga dijo que estaba participando en conversaciones diplomáticas con la embajada de EE.UU. para encontrar soluciones alternativas para los suministros.

La mayoría de los anticonceptivos son métodos de larga duración, como dispositivos intrauterinos (DIU) e inyectables, dijo un asistente del Congreso de EE.UU. a CNN. Se desconoce exactamente cuándo se destruirán los suministros, según el asistente.

“Tienen que incinerar dos veces los productos porque contienen altos niveles de hormonas y no quieren arriesgarse a que los subproductos se filtren al medio ambiente, lo cual probablemente aumente el costo”, dijo el asistente del Congreso. “El Gobierno de Trump está literalmente quemando el dinero de los contribuyentes”.

Una lista de los suministros, compartida con CNN por otra fuente con conocimiento del inventario del almacén, muestra que los anticonceptivos incluyen DIU de cobre, implantes en varilla, inyecciones anticonceptivas y tabletas de levonorgestrel y etinilestradiol. Algunos tienen la marca de USAID, pero la mayoría no, según la lista aportada por la fuente.

La mayoría de los productos vencen en 2028 o 2029, siendo la fecha de caducidad más temprana entre los productos la de abril de 2027, según la lista que detalla los casi 5 millones de artículos.

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. se refirió a los anticonceptivos que serán destruidos como “ciertos anticonceptivos abortivos provenientes de contratos de USAID de la era Biden que han sido terminados”.

Existe controversia sobre si describir ciertos anticonceptivos como abortivos, o causantes de aborto, debido al debate sobre si la vida comienza en el momento en que un óvulo es fertilizado o en una etapa posterior. Algunos métodos anticonceptivos, incluidos los DIU, pueden funcionar evitando la implantación de un óvulo fertilizado. Sin embargo, los DIU funcionan principalmente suprimiendo la liberación de óvulos o impidiendo que los espermatozoides lleguen a un óvulo.

CNN ha contactado al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos para obtener comentarios al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas.

“Solo un número limitado de productos ha sido aprobado para su eliminación. No se destruirán medicamentos para el VIH ni condones”, agregó el portavoz. “USAID evitó un costo adicional de US$ 34,1 millones a los contribuyentes negociando cancelaciones sin costo de pedidos pendientes realizados bajo el Gobierno de Biden”.

En respuesta a los informes de los medios de que los anticonceptivos serían transferidos a una instalación francesa de desechos médicos para ser destruidos a finales de julio, una fuente diplomática en Francia dijo a CNN que los anticonceptivos estaban siendo gestionados por entidades privadas y que “no tenían información sobre ningún traslado”, hasta el jueves de la semana pasada.

“Apoyamos firmemente el compromiso de las autoridades belgas de encontrar una solución para evitar la destrucción de estos anticonceptivos, para que puedan llegar a mujeres y hombres de todo el mundo que los necesitan y los esperan”, agregó la fuente diplomática. “El acceso a servicios y productos de salud sexual y reproductiva de calidad es tanto un tema de derechos humanos como de salud pública”.

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen envió a un miembro de su personal al almacén en Bélgica como parte de un intento por presentar una iniciativa legal que prohíba “la destrucción de dichos productos a menos que se hayan agotado todos los esfuerzos para venderlos o donarlos”. Dicho miembro del personal confirmó que la fecha de caducidad más temprana de los anticonceptivos era 2027, y que algunos suministros no vencían hasta 2031, lo que significa que aún podrían usarse durante años.

“En un momento en que el Gobierno de Trump ha realizado recortes devastadores a la asistencia exterior, es decepcionante que el Departamento de Estado apruebe gastar dinero para destruir productos ya pagados que salvarían vidas y están listos para ser distribuidos”, dijo Shaheen en un comunicado. “Los alimentos y los productos para la planificación familiar son desesperadamente necesarios en países afectados por conflictos, como Sudán y la República Democrática del Congo, donde la hambruna está comenzando a arraigarse”.

Una oferta para comprar los suministros fue rechazada

La portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores belga, Florinda Baleci, dijo a CNN que el país estaba “explorando todas las vías posibles para evitar la destrucción de estos stocks, incluida su reubicación temporal”.

Una organización llamada MSI Reproductive Choices dijo que, junto con otros socios financistas, había ofrecido pagar el envío y el reempaquetado de los suministros con la marca USAID, pero que el gobierno estadounidense rechazó la oferta.

“No se nos dio una razón de por la qua esta oferta no fue aceptada, pero quedó claro en las conversaciones que no lo sería y que nuestros esfuerzos estarían mejor enfocados en encontrar soluciones alternativas a la escasez de suministros anticonceptivos”, dijo Grace Dunne, portavoz de MSI, que trabaja en 36 países para proveer atención de salud reproductiva, incluyendo servicios de aborto, anticoncepción y atención materna.

En respuesta a preguntas de CNN sobre la oferta, el Departamento de Estado destacó la llamada “política de la Ciudad de México”, que “prohíbe proporcionar cierta asistencia —directa o indirectamente— a organizaciones no gubernamentales extranjeras que realicen o promuevan activamente el aborto como método de planificación familiar”.

Esa política, a la que los opositores llaman la “regla mordaza global”, impide que las organizaciones no gubernamentales que proporcionan abortos, ofrecen consejería sobre abortos o abogan por el acceso seguro al aborto reciban fondos estadounidenses.

La destrucción planeada de los anticonceptivos ha provocado protestas de otras organizaciones, como Médicos Sin Fronteras (MSF), que expresó su preocupación por la escasez de anticonceptivos en países que antes dependían de los suministros donados por USAID.

“En las comunidades atendidas por MSF —ya sea afectadas por conflictos, brotes de enfermedades, desastres naturales o provocados por el hombre, o exclusión de la atención médica— el acceso a anticonceptivos ya está restringido”, dijo la organización en un comunicado. “Los contextos que previamente dependían de suministros anticonceptivos financiados por USAID están en mayor riesgo de interrupciones en la cadena de suministro y quiebres de stock”.

“MSF ha visto de primera mano los beneficios positivos para la salud cuando las mujeres y niñas pueden tomar libremente sus propias decisiones de salud eligiendo prevenir o retrasar el embarazo, y las peligrosas consecuencias cuando no pueden”, agregó Avril Benoît, directora ejecutiva de MSF USA.

MSF también citó informes que dicen que más anticonceptivos con la marca USAID se encuentran almacenados en un depósito en los Emiratos Árabes Unidos, pero la organización dijo que se desconoce el plan del gobierno estadounidense para esos suministros.

Un portavoz del Departamento de Estado no respondió una pregunta sobre los anticonceptivos almacenados en los EAU. CNN se ha puesto en contacto con el gobierno de los EAU para obtener comentarios, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

A principios de julio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, celebró el fin de USAID, diciendo que los futuros programas de asistencia exterior se alinearían con las políticas de la administración y serían administrados por el Departamento de Estado. El rápido desmantelamiento de USAID, liderado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha supuesto la eliminación de miles de programas de asistencia exterior, incluyendo muchos que se centraban en trabajos para salvar vidas.

Un estudio publicado a principios de este mes por una destacada revista médica, The Lancet, estimó que los recortes de fondos de USAID podrían resultar en más de 14 millones de muertes adicionales para 2030. Según el estudio, la financiación de USAID era más probable que redujera la mortalidad relacionada con el VIH/SIDA, seguida por la malaria.