El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras y Nicaragua, medida que afectará a más de 76.000 personas que han residido legalmente en el país desde 1999. La decisión, que entrará en vigor el 6 de septiembre, fue tomada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump, que busca eliminar este tipo de protecciones.

El TPS fue concedido tras la devastación del huracán Mitch en 1998, que dejó al menos 10.000 muertos en Centroamérica. Según Noem, ambos países han mostrado señales de recuperación, incluyendo crecimiento en el sector turístico, inversiones inmobiliarias en Honduras y desarrollo de energías renovables en Nicaragua.

La cancelación del TPS para hondureños y nicaragüenses se suma a decisiones similares tomadas este año contra ciudadanos de Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún, afectando en total a cientos de miles de migrantes.

A pesar de las justificaciones del gobierno estadounidense, organismos internacionales y el Departamento de Estado reconocen condiciones adversas en ambos países. Honduras mantiene un estado de emergencia que restringe derechos constitucionales, mientras que en Nicaragua se han denunciado represiones contra la oposición. Naciones Unidas ha señalado preocupaciones por la concentración de poder del presidente Daniel Ortega.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, afirmó que esta medida no es exclusiva contra su país, sino parte de una estrategia general para poner fin al TPS. Aunque la Corte Suprema autorizó recientemente al gobierno a terminar este estatus para los venezolanos, un juez federal bloqueó temporalmente su cancelación para los haitianos.

Miles de familias ahora enfrentan incertidumbre, mientras organizaciones pro-migrantes se preparan para ofrecer asesoría legal a los afectados.