El gobierno de Estados Unidos implementará nuevas medidas para reforzar la verificación de antecedentes de los solicitantes de visas de estudiante o de intercambio. A partir de este miércoles, se requerirá que quienes soliciten visas de tipo F, M o J configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como “públicos”, con el fin de permitir una revisión exhaustiva de su contenido por parte de funcionarios consulares.

De acuerdo con las directrices emitidas por el Departamento de Estado, los agentes consulares deberán inspeccionar las cuentas en redes sociales de los aspirantes en busca de posibles señales de hostilidad hacia los ciudadanos, el gobierno, las instituciones, la cultura o los principios fundacionales de Estados Unidos. Esta evaluación se integrará como un paso esencial dentro del proceso de análisis de antecedentes.

Tener los perfiles sociales en modo “privado” podría ser interpretado como un intento de ocultar información, lo que afectaría negativamente la evaluación de la solicitud. Según fuentes oficiales, esta medida responde a la necesidad de aumentar el control sobre quienes pretenden ingresar al país, especialmente en el actual contexto de tensiones sociales y políticas.

Con la entrada en vigor de esta política, los consulados estadounidenses retomarán la entrega de citas para la tramitación de visas estudiantiles, la cual había sido suspendida de forma temporal desde el 27 de mayo pasado. Las autoridades esperan que esta reactivación se realice de manera ordenada y bajo los nuevos lineamientos de seguridad.

La decisión se enmarca dentro de la política migratoria restrictiva impulsada por la administración del presidente Donald Trump, cuyas medidas continúan influyendo en la gestión migratoria actual. Como parte de estas acciones, el Departamento de Estado ha cancelado miles de visas, entre ellas las de numerosos estudiantes internacionales que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Además, varias universidades estadounidenses han sido objeto de escrutinio por parte del gobierno federal, que las acusa de promover discursos considerados progresistas o antisemitas. La Universidad de Harvard, en particular, ha sido señalada y enfrenta la posibilidad de perder todos los fondos federales, así como la prohibición de admitir estudiantes extranjeros.