El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado que más de 500 jurisdicciones en todo el país han sido identificadas como no cooperativas con la aplicación de las leyes de inmigración. Esta medida, impulsada por la administración Trump, busca aumentar la presión sobre comunidades que, según el gobierno, obstaculizan los esfuerzos federales para la deportación de inmigrantes en situación irregular.

El DHS publicó el jueves una lista detallada en su sitio web, notificando a cada jurisdicción considerada no conforme con las regulaciones federales. Entre los condados afectados se encuentran diez en Nebraska: Arthur, Blaine, Grant, Hooker, Howard, Logan, Loup, McPherson, Thomas y *Greenley*, este último con un error ortográfico en su nombre. La inclusión de estos condados ha generado preocupación y rechazo por parte de algunos representantes locales.

La administración Trump ha priorizado la cooperación entre autoridades locales y federales en la ejecución de órdenes de detención de inmigrantes. A través de acuerdos como el programa 287(g), el gobierno federal busca delegar funciones de control migratorio a agencias locales, aumentando así la capacidad de ejecución de sus políticas. Sin embargo, la categorización de ciertos condados como jurisdicciones santuario ha sido objeto de críticas y cuestionamientos sobre la veracidad de los datos utilizados.

En Nebraska, el Sheriff del Condado de Thomas, quien representa a varias jurisdicciones de la región de Sandhills, ha rechazado la inclusión de estos condados en la lista, calificándola como un error grave. Según el funcionario, las autoridades locales han colaborado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), notificando a los agentes federales cuando un individuo en situación irregular ha sido detenido. Sin embargo, la falta de cárceles propias en algunos condados ha generado confusión en la manera en que se reporta la cooperación con las agencias federales.

El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, ha sido contactado para intervenir en el asunto y solicitar una corrección por parte del DHS. Según fuentes cercanas, la administración estatal ha expresado su preocupación por el impacto que esta clasificación podría tener en la reputación de los condados afectados y en la percepción pública de sus políticas de seguridad. La oficina del gobernador está en comunicación con funcionarios federales, incluidos representantes del DHS, para esclarecer el asunto.

Esta controversia se suma a una serie de disputas legales y administrativas relacionadas con la implementación de políticas migratorias bajo la administración Trump. En el pasado, tribunales federales han bloqueado intentos del gobierno de retener fondos a estados y ciudades consideradas santuario, argumentando que la cooperación en la aplicación de leyes de inmigración no puede ser condicionada a la entrega de subsidios federales.

El debate sobre las jurisdicciones santuario sigue siendo un tema de gran relevancia nacional, con impactos directos en las comunidades afectadas y en la relación entre los gobiernos locales y federales. Mientras continúan las gestiones para corregir posibles errores en la lista publicada, las autoridades locales y estatales esperan una respuesta clara por parte del DHS.