En días recientes, agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportaron a varias madres inmigrantes, separándolas de sus hijos, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses. Los casos, denunciados por abogados y organizaciones de derechos civiles, han reavivado el debate sobre los límites de las políticas migratorias.

Entre los afectados se encuentra una madre cubana deportada, dejando atrás a su hija de un año y a su esposo ciudadano estadounidense. Asimismo, tres menores de dos, cuatro y siete años, nacidos en Estados Unidos, fueron enviados a Honduras junto a sus madres de origen hondureño. Los abogados señalaron que las detenciones ocurrieron durante registros de rutina en oficinas del ICE, sin oportunidad de contactar a familiares ni de recibir asesoría legal antes de ser deportadas en cuestión de días.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el National Immigration Project calificaron estas acciones como un abuso de poder alarmante. En uno de los casos, un menor de cuatro años con una forma rara de cáncer fue deportado junto a su madre, pese a su condición médica crítica. En otro incidente, un juez federal de Louisiana cuestionó la legalidad de la deportación de una niña de dos años, hija de un padre que reside legalmente en Baton Rouge.

El juez Terry Doughty ordenó una audiencia para el próximo 16 de mayo, ante sospechas de que el gobierno deportó a una ciudadana estadounidense sin un proceso adecuado. Paralelamente, en Florida, la cubana Heidy Sánchez fue deportada dos días después de ser detenida, a pesar de que aún amamantaba a su hija, quien sufre de convulsiones. Su abogada denunció que el ICE ignoró documentos que intentaban frenar la deportación y que no consideró las razones humanitarias de su caso.

Ambos episodios reflejan la creciente preocupación sobre las prácticas de deportación rápida en Estados Unidos, particularmente cuando involucran a menores ciudadanos y familias con argumentos legales sólidos para permanecer en el país. 

En recientes declaraciones, Tom Homan, reconocido como el "Zar de la Frontera", recalcó que no entendía el porqué la gente estaba sorprendía del proceder actual de ICE y todas las agencias federales que apoyan a la administración de Trump si todo lo que se está haciendo es parte de las promesas de campaña del mandatario.

La controversia se agrava mientras el sistema judicial examina si las políticas migratorias actuales violan derechos fundamentales.