Un cartel en el vestíbulo del CHI Immanuel Medical Center advierte que agredir a un trabajador de la salud podría resultar en un cargo por delito grave. Según autoridades del hospital, estos incidentes ocurren con más frecuencia de lo que se piensa, afectando no solo a médicos y enfermeras, sino también a personal de limpieza, mantenimiento y servicios de alimentación.

Con el fin de ampliar las protecciones legales, el proyecto de ley LB322 propone extender la definición de “trabajador de la salud” para incluir a farmacéuticos, oficiales de seguridad pública y otros empleados de hospitales. De aprobarse, estas personas recibirían el mismo nivel de protección que los profesionales médicos frente a episodios de violencia en el lugar de trabajo.

La Asociación de Hospitales de Nebraska respalda firmemente esta legislación, subrayando que, aunque la ley no erradicará la violencia en su totalidad, representa un paso importante para brindar seguridad y reconocimiento a todos los miembros del personal hospitalario. Además de impulsar cambios legales, se promueve la implementación de herramientas y recursos de gestión de conflictos para prevenir y desescalar situaciones violentas.

Dentro de los hospitales, los líderes trabajan activamente para apoyar a sus equipos, considerando que su bienestar es esencial para el cuidado de los pacientes. La idea central es proteger tanto a quienes atienden directamente a los enfermos como a quienes facilitan el funcionamiento diario de las instituciones médicas.

El proyecto de ley LB322 ya superó la primera ronda de votaciones, aunque enfrenta oposición. Algunos legisladores argumentan que aumentar los delitos graves no garantiza la seguridad y podría agravar el problema al incrementar la población carcelaria.

El debate legislativo continuará en los próximos días mientras hospitales y trabajadores de la salud esperan una resolución favorable.