El gobierno federal anunció la congelación de más de 2 mil 200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos a la Universidad de Harvard, tras la negativa de la institución de acatar nuevas exigencias de la Casa Blanca orientadas a limitar el activismo en sus campus. La decisión se produce luego de que el gobierno emitiera una carta solicitando reformas sustanciales en liderazgo, admisiones y contrataciones, además de una auditoría institucional sobre posturas relacionadas con la diversidad.

Las medidas también exigen la prohibición de cubrirse el rostro durante protestas —una aparente respuesta a manifestaciones propalestinas— y la suspensión de fondos a grupos estudiantiles que respalden conductas ilegales. Harvard calificó las demandas como inconstitucionales y una extralimitación del gobierno bajo el Título VI.

El caso se enmarca en una campaña federal más amplia dirigida a las universidades de la Ivy League, como Pennsylvania, Brown y Princeton, con el objetivo de alinear sus políticas con la agenda del expresidente Donald Trump. El gobierno ha justificado su presión señalando supuestas expresiones antisemitas durante protestas contra la guerra en Gaza, aunque las instituciones afectadas han rechazado dichas acusaciones.

En Harvard, la respuesta institucional incluyó un llamado a defender la libertad académica y la autonomía universitaria. Exalumnos y organizaciones educativas han respaldado esta postura, mientras que protestas locales y una demanda legal buscan frenar los recortes federales. Los demandantes sostienen que el gobierno no cumplió con los procedimientos legales previos al congelamiento de fondos.

Este conflicto marca un nuevo capítulo en la tensión entre el gobierno federal y las universidades privadas, con implicaciones para el futuro de la política educativa y la libertad de expresión en Estados Unidos.