El gobierno federal de Estados Unidos ha anunciado una nueva política migratoria que exige a los extranjeros que ingresen ilegalmente al país registrarse con el gobierno dentro de los primeros 30 días de su llegada o enfrentarán cargos criminales. Esta medida, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca reforzar la seguridad nacional y cumplir con la promesa del expresidente Donald Trump de “Hacer América Segura Otra Vez” mediante la expulsión de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales violentos.

La nueva regulación advierte que quienes incumplan con el registro obligatorio podrían enfrentar severas sanciones, que incluyen multas de miles de dólares e incluso penas de cárcel. Esta disposición ha generado preocupación y confusión entre la comunidad migrante, que teme ser objeto de persecuciones legales o deportaciones masivas.

Sin embargo, la abogada especialista en temas migratorios consultada por Telemundo Nebraska recomienda a los migrantes no proceder con el registro. Según explicó en el reportaje de Verónica Sandoval, este tipo de medidas puede exponer a las personas a un mayor riesgo de detención y deportación, especialmente a quienes no cuentan con representación legal adecuada o desconocen sus derechos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha reiterado que esta iniciativa busca identificar y remover a criminales peligrosos; no obstante, críticos de la medida sostienen que podría afectar injustamente a familias trabajadoras y personas que buscan un futuro mejor en Estados Unidos.

En medio de la incertidumbre, expertos aconsejan a los migrantes buscar asesoría legal antes de tomar cualquier decisión.